TVC deja de emitir en el País Valenciano

La Generalitat Valenciana ha consumado otro acto de censura. Después de 25 años de emisiones, Televisió de Catalunya se ve forzada a dejar las ondas terrestres por culpa de las severas multas que ha impuesto la Generalitat Valenciana.

El gobierno introdujo una disposición en una ley a propósito para acabar con la red de repetidores de ACPV. Aumenta de forma significativa las multas y pone en el punto de mira a los ayuntamientos, si se atreven a emitir, como la Generalitat entiende, sin licencia.

Así pues, a las 21:45, después del “Telenotícies Vespre”, la pantalla pasó a negro, sin señal, en todo el territorio valenciano, en los lugares en los cuales aun emitían. La prevaricación es tal, que siguen emitiendo tres múltiplex piratas en la Ciudad de Valencia, con contenidos basura, y nadie hace nada para clausurarlos, pero para  ahogar financieramente la entidad que hacía posible la emisión de la mejor autonómica de España, se ponen todos los esfuerzos.

No toda la culpa la tiene la Generalitat Valenciana, hay que recordar que la Generalitat Catalana sustituyó Canal 9 por TVVi prácticamente por la puerta de atrás (violando el pacto de reciprocidad), Canal 9 sólo duró un año en Catalunya, y la Generalitat Valenciana ese gesto se lo tomó mal, muy mal. Canal 9 en Cataluña,  del 11 de agosto de 2008 al 19 de marzo de 2010 versus TV3, del 1986 al 17 de febrero de 2011 en el País Valenciano.

Por otro parte, el Gobierno español se ha negado repetidamente a dar un tercer múltiplex al País Valenciano, como tiene Cataluña por implementar la TDT antes del relanzamiento de 2005. El Gobierno también tumbó la ILP “Televisió sense fronteres”, firmada por más de 600000 personas (yo incluído), para facilitar la recepción reciproca de la televisiones y radio autonómicas que compartan una misma lengua pero sean de diferentes territorios, y que permitía la salvaguarda de las emisiones que estaba realizando ACPV y otras entidades; la única vía que tenía para denegarle el debate en el Congreso de Diputados, fue esgrimir únicamente razones económicas, aunque para justificar la decisión se sacó una cifras desorbitadas que nada tenían que ver con la realidad.

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